Las claves del proyecto de ley que modifica normas aplicables a funcionarios municipales

Las claves del proyecto de ley que modifica normas aplicables a funcionarios municipales

La iniciativa busca darle mayores atribuciones a los municipios, para que así mejoren su funcionamiento y puedan cumplir a cabalidad su rol de institución pública cercana a la gente.

 

Esta semana comenzó a tramitarse en el Senado un proyecto de ley que busca fortalecer a los municipios. La iniciativa es fruto del protocolo de acuerdo firmado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH), y forma parte del proceso de modernización del sistema municipal inserto en la Agenda de Descentralización que está impulsando el Gobierno.

Uno de los objetivos del proyecto de ley es que, por primera vez en Chile, el proceso de fijación de plantas municipales sea descentralizado. Esto significa que las propias municipalidades tendrán iniciativa en esta materia, garantizando los derechos adquiridos por los funcionarios.

Además, quiere modificar normas aplicables a los funcionarios municipales, entregarle nuevas competencias a la SUBDERE, abordar temas relativos a la dotación de las plantas municipales, normas sobre probidad y responsabilidad fiscal, entre otras.

Aquí les dejamos un listado con los principales puntos que están en discusión, y que si bien no hay consenso todavía entre las asociaciones de municipios, los funcionarios y los alcaldes, el senador Alberto Espina (RN), presidente de la Comisión del Senado, aseguró que se está avanzando en la dirección correcta.

  • Modifica las plantas municipales, las que no han sufrido cambios desde el año 1994, estableciendo un aumento del número de funcionarios y proponiendo un nuevo diseño para los municipios en cuanto a la gestión de sus recursos humanos.
  • Dispone que el proceso de fijación de plantas va a ser descentralizado, ya que podrá ser realizado por las propias municipalidades, de acuerdo al marco legal que dispone esta iniciativa y garantizando los derechos adquiridos por los funcionarios hoy en ejercicio.
  • Un 75% de los nuevos cargos que se van a poder crear deberán ser profesionales, tal como lo propuso el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que encabezó el economista Eduardo Engel.
  • El proyecto también establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para el proceso de fijación de plantas, de manera de promover la autonomía de los municipios, pero con responsabilidad.
  • Concede una asignación profesional a los funcionarios municipales, homologándolos así con sus pares de ministerios y servicios. Esta es una antigua y sentida aspiración de estos trabajadores y beneficiará a aproximadamente 8.700 funcionarios profesionales.
  • Mejora las remuneraciones de funcionarios de plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. Los que están entre los grados 15 al 20 subirán dos grados y los que se ubican entre los grados 10 y 14 lo harán en un grado. Esta medida beneficiará a 24.000 personas aproximadamente, tanto de planta como a contrata.
  • Además, todos quienes reciban asignación profesional o incrementos de grado durante el año 2015, tendrán derecho a un bono equivalente a cuatro meses de sus mejoras.
  • Dispone la entrega a los municipios de un aporte fiscal de 12.000 millones de pesos el año 2015, 24.000 millones de pesos el año 2016 y 36.000 millones de pesos el año 2017, de manera que puedan pagar a sus funcionarios los beneficios contenidos en este proyecto.
  • Establece que a partir del año 2018 se quintuplicará el aporte fiscal que el Estado debe efectuar al Fondo Común Municipal.
  • Resuelve en forma definitiva el problema suscitado el año 2008 por el pago del incremento previsional. Ello generará que se hará efectiva la escala de sueldos municipales, hoy distorsionada por pagos mal efectuados producto de diversos dictámenes de la Contraloría General de la República. De esta manera, se pondrá término a juicios de cuentas y acciones legales hoy existentes contra funcionarios municipales que de buena fe recibieron pagos erróneos.
  • Extiende el límite máximo del gasto en personal desde un 20 hasta un 40% de los respectivos ingresos propios municipales.
  • Amplía el límite máximo de gasto en personal a contrata desde un 20% hasta el 40% del gasto en personal de planta, lo que va a permitir a los municipios incorporar a personal que hoy está a honorarios a la contrata.
  • Por último, en las municipalidades con plantas de menos de 20 cargos, podrán contratarse hasta ocho personas y no cuatro como los establece la legislación vigente.